1992: el año que vivimos en peligro.

Miércoles 22 de abril de 1992. 10:09 AM. Una radio crepita en la estación de Bomberos. El mensaje es un escueto "¡YA!" antes de que la estática recupere el control. Inmediatamente después se registra una explosión de proporciones dantescas en el barrio de Analco.

Más de 12 kilómetros de Guadalajara han desaparecido. Las calles Gante, 20 de Noviembre y Nicolás Bravo, hasta la Calzada del Ejército, han sido literalmente arrancadas del mapa. Increíblemente, a pesar de la extensión y magitud del daño, sólo se reportan 150 muertos y 600 heridos; gran parte de los negocios estaban cerrados por vacaciones, lo mismo que una escuela del lugar; gran parte de los habitantes no se encontraban en sus casas. Los Hospitales Civiles, la Cruz Verde municipal, la Cruz Roja Mexicana, el Instituto de Seguro Social al Servico de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se dan abasto ante la gran cantidad de heridos y afectados. No hay espacio suficiente para los cuerpos en el Servicio Médico Forense, así que se debe adaptar como anfiteatro el domo del Comité Olímpico del Estado (CODE), y se solicita la donación de placas de hielo seco (CO2 congelado) para ayudar a conservarlos mientras se les identifica. La ciudad se paraliza. La noticia corre por el mundo.



El Ejército Mexicano implementa el plan DNIII (Desastres Naturales Tercera Fase) para ayudar a la población civil, que inició por sus propios medios la tarea de rescate. La Presidencia Municipal, a cargo de Enrique Dau Flores, desvía recursos para ayudar con las labores de rescate. El Gobierno del Estado, al mando de Guillermo Cosío Vidaurri, informa en una conferencia de prensa alrededor de las 2 de la tarde que la situación "está controlada, gracias a la coordinación de todas las instituciones que están interviniendo en las zonas de rescate."



Empezan a surgir versiones que le atribuyen la responsabilidad de la explosión a Petróleos Mexicanos (Pemex), Aceitera la Central, y las descargas de los talleres mecánicos de la zona. Se informa que hay altas concentraciones de un líquido sospechosamente similar a la gasolina "Nova", mas también se informa que hay un líquido sospechosamente similar al hexano en otras partes. Los rumores comienzan a cundir por toda la ciudad, generando una paranoia sin precedentes.

La solidaridad de los tapatíos también aflora. Cientos de voluntarios retiran escombros a mano buscando sobrevivientes; otros tantos se encargan de recolectar y transportar alimentos, medicinas, cobertores y artículos de primera necesidad para los miles de damnificados.

Por la tarde, el saldo oficial de la tragedia se eleva a 200 muertos. Se declara incialmente una zona limpia y se autoriza que los traxcavos comiencen a trabajar, lo que los trabajadores de rescate consideran una decisión arriesgada y los afectados una violación a los derechos humanos.



El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, visita de improviso la ciudad para enterarse de primera mano sobre la tragedia. "Vine a apoyar a los tapatíos y a sumarme a su duelo", expresa. También indica que no hay peritajes que sirvan para deslindar las causas, y ordena la ejecución de análisis forenses que sirvan para identificar al culpable de la tragedia. El Presidente es acompañado por Luis Donaldo Colosio, de la SEDUE (Secretar{ia de Desarrollo Urbano y Ecología), Jesús Kumate, de la Secretaría de Salud, Emilio Gamboa, del IMSS y Emilio Lozaya, del ISSSTE. Por su parte, el Gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, en conferencia de prensa, aseguró que quien resulte responsable de este hecho será castigado y "se aplicará contra ella todas las medidas legales, leyes y normas de orden ecológico, civil y penal." El Congreso del Estado, por su parte, se pronuncia a favor de legislar sobre el control de sustancias explosivas y exige una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. La Universidad Nacional Autónoma de Mexico, los Gobiernos de Nuevo León y Quintana Roo, además de la Alcaldía de Los Ángeles y el Gobierno de los Estados Unidos de América, informan que enviarán brigadas de rescate a la zona siniestrada. La Universidad de Guadalajara desvía recursos para proporcionar albergue temporal a los miles de damnificados por las explosiones.



Jueves 23 de abril de 1992. El Presidente Carlos Salinas ordena que las autoridades competentes presenten un dictamen preliminar en 72 horas, en el cual "tendrán que rendir un claro balance de los sucesos que aún hoy mantienen consternada a la población tapatía". Según sus órdenes expresas, se debe determinar la causa de la tragedia, deslindar las responsabilidades, y establecer si hubo negligencia criminal de parte de servidores públicos o instituciones, para aplicarles todo el rigor de la ley, además de establecer la creación de un dictamen general que permita conocer las circunstancias exactas de la tragedia. el Gobierno federal anuncia que se destinarán iez mil millones de pesos para atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas por la explosión. El Gobernador Guillermo Cosío informa que, aunque sí había sido informado de que existía cierto peligro en la zona siniestrada, la máxima autoridad en la ciudad es el Presidente Municipal, y en todo caso, los responsables serían tres funcionarios: el jefe de Bomberos, el director de Servicios Generales del Ayuntamiento y el director del SIAPA, por no informar a Enrique Dau sobre la magnitud del riesgo. Enrique Dau, por su parte, anuncia que pedirá licencia temporal para ausentarse de su cargo, para que las investigaciones puedan ejecutarse sin problemas a causa del fuero del que goza como presidente municipal. Lo mismo sucede con Alberto Limón Macías, director del SIAPA. el Partido de la revolución Democrática (PRD) exige la renuncia del gobernador Cosío Vidaurri. El Partido Acción Nacional se suma a la exigencia general de esclarecer los hechos.



Corren rumores de que los culpables de la acumulación de gases fueron los sifones instalados en la avenida Javier Mina, que desvían el flujo de aguas negras por debajo de la Línea Dos del Tren Ligero. Según esta teoría, el bajo flujo de agua de la temporada, calurosa y seca, impidió que los productos explosivos fueran extraídos del colector, facilitando su acumulación. Estos rumores cobran mayor fuerza al informarse por parte de Pemex que el poliducto que transporta gasolina desde la refinería de Salamanca hasta la planta de La Nogalera, tenía al menos una fuga; aunque Guillermo Estrada, jefe de Mantenimiento de Pemex, asegura que la fuga fue resultado de las explosiones y no al revés. Paralelamente a este anuncio, José Morales, representante legal de Aceitera La Central, se presenta a rendir delaración ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República. "Llegué de Monterrey y vine a declarar [a la PGR] por mi propio pie, para rendir declaración. Si yo sintiera culpa, ¿dónde me metería?". También se da a concoer que la Aceitera La Central, que usa hexano en sus procesos, estaba cerrada por el periodo vacacional y que las existencias de hexano eran mínimas e insuficiente para sus propios procesos de trabajo, descartando así una fuga de dicho material.



Para alimentar aún más las teorías conspiratorias, pipas de agua de Pemex fueron detectadas vaciando miles de litros de agua en las inmediaciones de las plantas de La Nogalera, de Aceitera El Gallo y de Aceitera La Central. La versión oficial dice que es para evitar posibles explosiones en la zona; la versión conspiratoria dice que es para limpiar la evidencia.

Para las 7 de la tarde, en las calles Gante y 20 de Noviembre, se informa que ha concluído la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros que realizaba el Escuadrón Canino de Búsqueda y Rescate. El Antiguo Hospital Civil informa que hay desabasto de medicamentos; solicita la colaboración de la comunidad.

Viernes 24 de abril de 1992. En sesión extraordinaria del Cabildo de la ciudad, el presidente municipal Enrique Dau solicita licencia temporal para dejar el cargo, licencia que le es otorgada. José Luis Macías Godínez fue nombrado director del SIAPA. En sus primeras declaraciones, indicó que todo apunta a una gran concentración de vapores de gasolina como causa de las explosiones. El gobernador Cosío Vidaurri es interrumpido en una rueda de prensa por un grupo de vecinos de la zona siniestrada, que exigen que se suspendan las labores con maquinaria pesada. También le solicitan información precisa sobre quién y cómo indemnizará a los afectados de la explosión. el gobernados empeña su "palabra de hombre" para solucionar sus demandas, Niega, asímismo, que tenga intención de solicitar licencia para dejar temporalmente la gubernatura. Paralelamente, otro grupo de vecinos de la zona siniestrada exigen juicio político contra el gobernador, bajo el cargo de genocidio, en las esquinas de Gante y Nicolás Bravo.



Se informa que entre seis mil y siete mil personas colaboran como socorristas en las labores de rescate del Sector Reforma. Se solicita a la ciudadanía que done alimentos y medicinas a los hospitales, cuyo desabasto es ya generalizado. Según datos preliminares, había 519 establecimientos comerciales en la zona de emergencia. 50 de ellos reportan daños considerables. Cuando menos 2800 empleos se vieron afectados. Se informa que hay un número indeterminado de pequeños comercios, la Cámara respectiva informa que hay al menos 250 comercios más en la zona siniestrada. Asímismo, se informa que la escuela primaria que se encontraba en la zona no podrá reanudar actividades; los alumnos serán reubicados en otros planteles.

Sábado 25 de abril de 1992. Diversas fuentes coinciden en señalar a Pemex como principal, mas no único, responsable de las explosiones. Se señalan como presuntos responsables al superintendente y al gerente de ductos de Pemez, al ex director del SIAPA, y a los propietarios de Máquinas y Materiales Recuperables, información que debía ser ratificada por el Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga. El director de información de Pemex, Roberto Franco Quiroz, sostiene que "ninguna de nuestras instalaciones tenía fuga de producto, antes de las explosiones" y que se alertó al SIAPA y al departamento de Bomberos de que "la ubicaci{on del lugar de donde provenían las emisiones, eran enfrente de la aceitera, en la tarde del martes."



Los damnificados de la calle Gante y Nicolás Bravo señalan que son objeto de vigilancia policiaca constante, responsabilizando a las autoridades policiacas de cualquier atentado a su integridad. La policía responde que se patrulla de manera constante únicamente para evitar el pillaje en la zona. Seis comisiones multisectoriales asumen el compromiso de distribuir los donativos para las víctimas del desastre, con transparencia y total control, para evitar cualquier acto irregular. El DIF Jalisco indica que se realiza un censo para averiguar el número de desaparecidos y huérfanos entre los habitantes de la zona sinestrada, sin embargo, niega que sea suya la responsabilidad de velar por los niños que perdieron a ambos padres en la tragedia del miércoles.

Técnicos de Pemex y del SIAPA cavaron y encontraron una capa de más de un metro de gasolina a cuatro metros de profundidad. Se estima que la mancha se extiende a lo largo de por lo menos 16 cuadras.



Domingo 26 de abril de 1992. El Procurador Morales Lechuga da a conocer el dictamen preliminar de la investigación ordenada por el presidente Salinas. El origen del siniestro es claro y no hay lugar a dudas: se encontraron grandes cantidades de gasolina Nova en el drenaje, además de hexano y trazas de otros líquidos inflamables. La gran cantidad de plomo existente en la fórmula de la gasolina Nova explica en gran medida la fuerza de la explosión; la presencia de hexano contribuyó a generar una atmósfera explosiva en un espacio cerrado como el colector que existía debajo de la zona. La responsabilidad, en cambio, no es clara. Según el dictamen del procurador, "la presencia de gasolina se originó a través de un orificio provocado por los efectos corrosivos de la tubería de una toma de agua potable, instalada sore el poliducto de Pemex." Ésta teoría, la del "agujerito", provocó reacciones encontradas y controvertidas por parte de la ciudadanía. El procurador señalaba que la tragedia hubiese podido ser evitada si los once inculpados hubieran actuado en cumplimiento de su deber; sin embargo, se debe señalar que el dictamen cuenta con mucha mas información de la que tenían los inculpados.



Entre los inculpados se encuentran el presidente municipal con licencia Enrique Dau Flores, el Secretario de Desarrollo Urbano Aristeo Mejía Durán, varios funcionarios de Pemex, SIAPA, y Maquinaria y Materiales Recuperables. No se culpa a la SEDUE ni a Protección Civil, a pesar de su participación en las primeras revisiones.

Pemex ofrece 100 mil millones de pesos como ayuda al fondo de reconstrucción.

Lunes 27 de abril de 1992. Se ofrece un informe de parte de pemex, en voz de José Adán Ávalos, con el cual se informa que a las 4 de la tarde con treinta minutos del martes 21 se detectó en el colector de Gante y 20 de Noviembre un 100 por ciento de riesgo de explosión, y que para las 23: 30 horas ya se tenía conocimiento de la fuga de gasolina en La Nogalera. Aristeo Mejía rinde declaración ante el Ministerio Público Federal, asegurando que apenas una hora antes de las explosiones informó al Gobernador Cosío Vidaurri sobre la gravedad de la situación en la zona. Enrique Dau se pone en manos de la Policía de manera voluntaria. En el Álamo Industrial se rastrea el origen y el rumbo de la gasolina que permea el subsuelo; los márgenes de explosividad continúan muy altos.

Las cifras extraoficiales de víctimas a cinco días de las explosiones son: 600 desaparecidos, 200 muertos, 800 heridos, 4900 damnificados.



Martes 28 de abril de 1992. No ha sido posible controlar el manto de gasolina que permea la zona del Álamo Industrial. Técnicos ajenos a Pemex indican que la evolución del manto de combustible ha sido "desconcertante". Ante la magnitud de la tragedia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje indica que los dueños de las empresas afectadas directamente por las explosiones no están obligadas a cubrir los salarios de sus empleados. Américo Meléndez Reyna, del Ministerio Público Federal, indicó que se podrá aprehender a los funcionarios y empresarios involucrados en las explosiones y no arrestados aún, y que las diligencias no concluyen aún.

Miércoles 29 de abril de 1992. el Presidente Carlos Salinas de Gortari anuncia la puesta en marcha de un programa para la prevención de desastres, girando instrucciones precisas a los secretarios de Gobernación, Desarrollo Urbano y Ecología, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, Pemex y el regente del Distrito Federal, para que presenten en breve programas concretos de prevención de riesgos y control de emergencias industriales. El Gobernador Cosío Vidaurri rechazó las versiones que hablan de una posible renuncia a su cargo, asegurando que cuenta con el respaldo del Presidente Salinas; sin embargo, aceptó por primera vez la existencia de un manto de gasolina en la ciudad y rechazó considerarse responsable por las explosiones. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco informa que hay 446 industrias cerradas y más de 10 000 trabajadores semidesempleados o desempleados a raíz de las explosiones.



Jueves 30 de abril de 1992. Se dicta acto de formal prisión a los nueve detenidos acusados de ser los responsables directos de las explosiones. A las 21:00 horas, el Gobernador Cosío Vidaurri solicitó licencia para separarse de su cargo durante un año. El pleno aprobó la solicitud a las 23:00 horas.

Viernes 1 de mayo de 1992. Se nombra como Gobernador Interino a Carlos Rivera Aceves. Se comprometió a solicitar al gobierno federal la salida de Pemex de la Zona Metropolitana, permitir el retorno de los desplazados de la Nogalera y Alamo Industrial a sus hogares, e iniciar la reconstrucción de Guadalajara.

Viernes 22 de abril de 2006.
Han pasado 14 años desde las explosiones. El tiempo nos ha dado la ventaja de la perspectiva. Aquí las cifras oficiales:

211 muertos.
608 heridos.
570 viviendas derrumbadas.
540 viviendas con daños considerables.
135 comercios derrumbados.
145 con daños considerables.
1630 contrucciones con daños moderados.
3020 construcciones dañadas.
98 cuadras afectadas.
525 vehículos total o parcialmente dañados.
3568 familias afectadas.



La crudeza de las cifras no mitiga el impacto de lo sucedido; el "pudo ser peor" no reconforta a los familiares que perdieron a sus seres queridos esa fatídica mañana de primavera.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué causó tanta destrucción y muerte en Guadalajara?

No es sencillo saberlo. En 1992 yo tenía poco más de 18 años. Lo recuerdo con claridad: yo era cadete de la Heróica Escuela Militar de Aviación y nos llamaron a mitad de un ejercicio para que colaboráramos en las labores de rescate. La magnitud de la destrucción fue impresionante, aún para mí, que habiendo viajado por medio mundo pensaba que ya no me impresionaba nada. La vida en Guadalajara fue interrumpida de manera tan drástica que los efectos aún se sienten. Aunque la única marca de las explosiones ahora es un templo dedicado a la memoria de los fallecidos, nadie puede olvidar la tragedia que nos consumió a todos.

No se tiene aún a un culpable. Nueve meses después de que el presidente Salinas ordenara la realización del dictamen preliminar, el Procurador Morales Lechuga presentó el 17 de diciembre de 1992, nueve meses después de las explosiones, un dictamen de 22 000 fojas (leyeron bien: veintidosmil fojas) del que hasta la fecha, nadie ha podido sacarle sentido. El el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco, Edmundo Carrillo Blanco, recibió la ingrata tarea de interpretar el dictamen. Poco tiempo después recibiría también el dictamen del atentado que cobró la vida del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Un poco antes de la entrega del dictamen, el maistrado José Trinidad Jiménez Romo concedió la libertad bajo fianza a los nueve impllicados en las explosiones, y en algunos casos, se desecharon los cargos en su contra. El 28 de enero de 1994, el Juez Sexto de lo Penal, sobreseyó la causa penal 70/92, en virtud de lo cual los trabajadores de Petróleos Mexicanos, Juan Antonio Delgado Escareño, José Adán Ávalos Solórzano, Ángel Bravo Rivadeneyra y Roberto Arrieta Maldonado, que estaban siendo enjuiciados en el citado proceso penal, obtuvieron la libertad

Pocas cosas han salido en claro. El culpable principal de las explosiones es, sin lugar a dudas, la alta concentración de gasolina en el colector de la calle Gante. El origen de la gasolina tampoco puede ponerse en duda: la falta de mantenimiento a los poliductos de Pemex, junto con normas inadecuadas de control en Pemex y en el Siapa. Así, algo tan inocente como una fuga de agua inició una reacción en cadena: corrosión en el poliducto de Pemex en por lo menos un lugar, filtración en el subsuelo por tiempo excesivo, permeabilidad del colector de aguas negras, poca movilidad del agua en temporada seca a través de los sifones, evaluación incorrecta de una situación de emergencia, falta de medidas adecuadas de contensión de materiales explosivos, desecho de material peligroso de manera clandestina al drenaje de la ciudad, y pobre manejo de sustancias peligrosas.

Además, las autoridades minimizaron el riesgo, pensando de manera equivocada que tendrían tiempo de evaluar la situación y aplicar medidas correctivas. Fue por esto que un bombero se quedó a vigilar la zona; esperaba poder reportar que el nivel de riesgo disminuía; lo único que pudo reportar fue un "¡YA!". La explosión lo hizo pedazos.

Las cosas hubieran sido diferentes si al detectar la alta concentración de gases explosivos éstos se hubieran extraído a través de las bocas de tormenta; asímismo, se debió de comenzar de manera inmediata el proceso de lavado del colector, para que al extenderse y diluirse la concentración de combustible, en caso de una eventual explosión ésta no hubiese sido tan devastadora. Sin embargo, es imposible saber si cualquiera de éstas acciones hubiera tenido resultado: fueron doce kilómetros de colector (repito: DOCE KILÓMETROS) los que explotaron, y en tanta distancia se pueden imaginar ustedes la cantidad de combustible que se filtró. Si tomamos en cuenta que la gasolina sólo explota en condiciones muy precisas (alta gasificación y concentración de combustible y comburente adecuadas, y presencia de aceleradores), es posible imainarse el caos que reinaba en el colector: la gasolina Nova era alta en tetraetilo de plomo, que facilita la explosión; había hexano, desechado como parte de los procesos industriales de las aceiteras, no de manera clandestina, sino por descuido; había elementos altamente inflamables desechados por talleres automotrices y empresas con poco o ningún respeto por la ecología y la seguridad industrial; y por sobre todo, había ignorancia.

Nunca se supo a ciencia cierta quién fue el responsable. Todos los inculpados fueron exonerados al poco tiempo de su encarcelamiento, al no encontrarse elementos que probaran su responsabilidad. Pemex sigue ahí, en la Nogalera. Aún hay gasolina en el subsuelo del Álamo Industrial; en los patios del Ferrocarril hay diesel acumulado.

Guadalajara no ha vuelto a ser la misma.
1992 fue un año que nos enseñó mucho.
1992 fue el año que vivimos en peligro.

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Las fotografías presentadas en este artículo fueron publicadas originalmente en el extinto diario Siglo 21.